El presidente chileno Sebastián Piñera, el 8 de noviembre, en Santiago. © Esteban Felix (AP) El presidente chileno Sebastián Piñera, el 8 de noviembre, en Santiago.

A cinco días de las elecciones generales en Chile, el presidente conservador Sebastián Piñera ha superado la prueba política de mayor complejidad de su segundo mandato: la acusación constitucional que la oposición buscaba aprobar en el Parlamento para destituirlo a menos de cuatro meses de que deje el poder, en marzo de 2022. Este martes, desde temprano, el Senado chileno ha revisado en calidad de jurado los argumentos de la Cámara de Diputados, que la semana pasada aprobó el impeachment con 78 votos, el mínimo requerido. En la Cámara Alta, sin embargo, los senadores han realizado discursos de 15 minutos cada uno anunciando su votación –que se produciría oficialmente cerca de la medianoche– y ya es un hecho que la oposición no alcanzará los 29 votos necesarios para sacar del cargo al mandatario, cuestionado por las supuestas irregularidades en la venta en Islas Vírgenes de un proyecto minero, según confirmaron los Papeles de Pandora.

Era altamente probable que la destitución no avanzaría en el Senado, por el alto quórum requerido, de dos tercios. La oposición solo tiene 24 votos en la Cámara Alta, por lo que debía convencer a otros cinco del oficialismo. Era una misión compleja, dado que incluso su sector político le ha dado vuelta la espalda a Piñera. En una crisis política desde las revueltas de 2019, que han derivado en un profundo problema de popularidad –el respaldo está en torno a un 16%, de acuerdo a la última encuesta Cadem­–, el escándalo de los Pandora Papers profundizó la desafección de su alianza en medio de una competitiva presidencial y parlamentaria, donde no suma aparecer junto al presidente. En la sesión de hoy en el Senado, el senador oficialista Manuel José Ossandón, que postula nuevamente a su cargo en las elecciones del domingo, no solo se abstuvo, sino que emitió un duro juicio político contra el presidente, apuntando a su difusa línea de separación entre sus negocios y la política.