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Los trabajadores autónomos están ya instalados el la segunda ola de la Covid pero las ayudas del Gobierno son equiparables a una mejora de la situación que no llegó para la mayoría en verano y que no se espera en un otoño que se prevé difícil. En primavera, durante la primera oleada, firmaron con el Gobierno un acuerdo para poder acogerse a la prestación extraordinaria que les permitió percibir una ayuda como si hubieran cerrado definitivamente y estar exonerados del pago de la cuota a la Seguridad Social. Cuando hubo que renovar este régimen de ayudas, en junio, el Gobierno solo aceptó regresar a un régimen ordinario que redujo el nivel de las ayudas y la exención del pago de cuotas porque entendía que poco a poco los negocios volverían a retomar la actividad. Pero no ha sido así. No solo el turismo y la hostelería siguen bajo mínimos. Actividades como las academias de enseñanza no reglada -de música, baile o recuperación, ocio nocturno, ludotecas o pequeños comercios se encuentran en “quiebra real” y no podrán recomontar con el cese de actividad ordinario que sustituyó al extraordinario en julio.
Septiembre no solo no ha llegado con una mejora de la situación económica sino que se plantea como el mes en el que vencen algunas medidas puestas en pie en primavera para aliviar la situación de los trabajadores autónomos. La más “urgente” para ellos es renovar el cese de actividad extraordinaria, no la ordinaria como ha sido desde julio y que las asociaciones de autónomos aseguran que no ha servido.
De momento, la semana pasada las organizaciones ATA, UPTA y UATAE se reunieron con la ministra de Trabajo Yolanda Díaz. Más como “autoridad moral” que porque tengan competencias. Estas están en manos Escrivá, que de momento no ha vuelto a recibirles. Esperan tener algún contacto con Seguridad Social para empezar a preparar la marcha atrás, es decir, volver a la prestación extraordinaria. Además de que su reclamación sea oída por Escrivá, piden crear una “comisión interministerial” también con Trabajo, Hacienda y Economía para tratar también temas relativos a la falta de liquidez que siguen teniendo o una moratoria en el pago del alquiler de uso profesional que creen demasiada “voluntaria”, a favor de los grandes tenedores de inmuebles.
“La prestación por cese ordinario no funcionó”, asegura María José Landaburu, de UATAE. “La prestación de cese de actividad de autónomos puesta en marcha el 1 de julio está siendo un fracaso. Con más de 280.000 actividades de autónomos aún cerradas desde el confinamiento y un millón de autónomos en la cuerda floja… apenas 125.000 de los más de 3 millones cobrarán la ayuda”, señala el presidente de ATA, Lorenzo Amor, acerca de una cuestión sobre la que hay unanimidad entre las asociaciones de autónomos.“La situación económica no ha cambiado [con respecto a la primavera]. La economía nos ha pasado este verano por encima y estamos en una situación de quiebra total en algunos sectores que este verano tenían que haber hecho una remontada y desgraciadamente no ha sucedido”, tercia Eduardo Abad, de UPTA.
En pleno confinamiento y cierre de negocios, en abril entró en vigor un cese extraordinario de la actividad para autónomos que tuvieran pérdidas de al menos 75%. Aunque los autónomos lucharon por bajar ese porcentaje, en aquel momento no les fue fácil acreditar esa caída de ingresos porque simplemente los negocios estaban cerrados. Sin embargo, el Gobierno no accedió a prorrogar el cese extraordinario y en julio entró en vigor otro sistema que preveía una apertura de negocios que en muchos sectores no se ha producido. Así, hoy pueden acogerse a la prestación quienes tengan acrediten pérdidas del 75% y pero no ingresen más de 1,5 veces el salario mínimo. Es decir, no pueden quienes, habiendo reabierto, ingresen más de 1.450 euros al mes. Además, con el sistema ordinario empezaba ya a consumir la prestación del derecho a desempleo generado por los autónomos.
“Mucha rigidez en los requisitos para acceder, dificultad en muchos autónomos en acreditar el periodo mínimo de cotización y unas condiciones diferentes a las inicialmente acordadas para la pluriactividad hacen inviable para los autónomos acceder a esta prestación ordinaria”, afirma Amor.
Este sistema vence el 30 de septiembre y las organizaciones de autónomos ven ya con preocupación que el ministro de Seguridad Social todavía no se ha sentado con ellos para negociar una prórroga, que exigen que no sea de las condiciones actuales, sino del cese extraordinario que se puso en pie entre marzo y junio. Además, también miran de reojo la ley de teletrabajo que prepara el Gobierno, porque consideran que será la puntilla para pequeños locales de hostelería que dependen del menú del día.
Además, este mes dejarán de tener efecto otras dos decisiones que en primavera aliviaron la situación de los autónomos. Frente a la exoneración total del pago de la cuota de autónomos que figuraba en el cese extraordinario, en el ordinario estos trabajadores volvieron a pagarla escalonadamente. Pagaron el 50% en agosto y en septiembre, el 75%. Si el sistema no se renueva, en octubre pagarán el 100%, frente al 0% del cese extraordinario.
Asimismo, los autónomos deberán empezar a pagar este mes los impuestos que les fueron aplazados durante la primera oleada de la pandemia. “Tenemos que hacer algo con la Agencia Tributaria. El 20 de septiembre vencen los plazos de las prórrogas que se pidieron para los impuestos de IVA e IRPF del primer y segundo trimestre”, recuerdad Abad.
Por otra parte, los autónomos tienen también una posición sobre una de las grandes exigencias que afronta el Gobierno por parte de los trabajadores de cara a la vuelta al cole, la de reconocer un baja laboral a trabajadores cuyos hijos estén confinados en casa por un caso de Covid en su escuela, aunque ellos hayan dado negativo en PCR.
ATA propone que en estas circunstancias los autónomos puedan reactivar la prestación por cese de actividad extraordinaria “sin exigir periodo de carencia y siendo compatible con la actividad” y UPTA, un “permiso retribuido”.
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