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La Fiscal General del Estado, Dolores Delgado - EFE
Madrid Actualizado: Guardar
Los representantes de las asociaciones judiciales Francisco de Vitoria, Jueces y Juezas para la Democracia y Foro Judicial Independiente han dado un ultimátum al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): si en el plazo de veinticuatro horas no se les proporcionan medidas de protección frente al coronavirus se paralizarán hasta los servicios mínimos de la Justicia. Recuerdan que los requerimientos de medios de protección individuales y colectivos hechos desde el órgano de gobierno de los jueces y presidencias de tribunales superiores de Justicia «están quedando en meras formalidades carentes de efectividad».
«Las situaciones de riesgo de jueces en órganos persisten y se agravan a medida que se extiende la población infectada, máxime en órganos especialmente expuestos», señalan en un comunicado conjunto. Los jueces informan de que el lunes se celebró reunión telemática de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud del CGPJ y que en ella los representantes judiciales ya advirtieron de incumplimientos «flagrantes» en materia preventiva que afectan a la prestación del servicio de guardia en los Juzgados de Instrucción y Violencia sobre la Mujer, así como en los Registros Civiles.
Relatan a modo de ejemplo cómo hay juzgados que han recibido «un gel desinfectante del tamaño de un dentífrico» como medida de protección colectiva para toda la oficina judicial. «Dos magistrados están asumiendo las actuaciones procesales indispensables en los 35 Juzgados de lo Social de Barcelona durante la totalidad de esta semana», agregan; los juzgados de lo Penal de Barcelona se han desalojado para proceder a su desinfección; en juzgados de Lérida y Tortosa ha habido que echar el cierre por dos positivos por coronavirus. Y la crisis se agrava sin que las mascarillas y guantes lleguen a los órganos judiciales.
Los jueces advierten de que en caso de incumplimiento de las medidas de protección, se acogerán al artículo 21.3 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que reconoce el derecho al trabajador de interrumpir la actividad y abandonar el lugar de trabajo cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o salud. Y no descartan tomar medidas legales contra los responsables del incumplimiento.
De igual forma , la Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera, está indignada con la carta que la fiscal General, Dolores Delgado, envió el martes a los miembros del Cuerpo, al considerar que cuestiona públicamente su profesionalidad, cuando la realidad es que los fiscales se están dejando la piel en esta crisis sanitaria. «Nosotros día a día estamos haciendo nuestro trabajo», señalaba ayer a ABC la presidenta de la AF. Cristina Dexeux denuncia la sensación de «abandono» por parte de Delgado, que les critica por pedir unas condiciones laborales que no pongan en riesgo su salud. En su carta, la fiscal general decía algo «tan obvio» como que en la distribución de medidas de protección tienen prioridad los sanitarios.
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