El Gobierno no facilitará los datos de ejecución de los fondos europeos que le exigen el Banco de España y la AIReF
¿Cuánto dinero ha llegado de los fondos europeos a la economía española? ¿Qué parte de lo presupuestado se ha ejecutado, lo han ingresado ya las empresas, y ha llegado al bolsillo de las familias? No lo sabemos. Se trata de una cifra que vienen exigiendo el Banco de España y la Autoridad Fiscal desde que comenzó todo el macroprograma Next Generation, que arrancó en 2020 y con el que la Unión Europea hará llegar a España hasta 70.000 millones que nuestro país no tendrá que devolver -ni pagar intereses-.
Para conocer el impacto del plan, a las principales instituciones económicas les parece esencial poder conocer más información en términos de contabilidad nacional, que verse sobre las reformas en marcha. Una información que a día de hoy no es pública, a pesar de las demandas de estos organismos. «No es una cuestión técnica, es francamente importante para valorar el impacto del Plan de Recuperación en términos económicos», reprochó hace unos meses en el Congreso la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, tras haber reclamado lo mismo en todas sus comparecencias.
«Nuestra queja es que no hay información de contabilidad nacional para conocer la ejecución real, no incorpora el plan cuantificado y directo de las reformas en marcha», aseguró la economista.
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En el mismo sentido se ha pronunciado el Banco de España, que ha elaborado sus propios cálculos sobre el ritmo al que los fondos están llegando a la economía real, esto es, a las empresas y los ciudadanos. Más recientemente lo exigió el centro de estudios Fedea, que en enero estimaba que los fondos «están tardando en trasladarse a la economía real más de lo inicialmente esperado» por «expectativas poco realistas, alimentadas en parte por el optimismo oficial y sin tener en cuenta limitaciones estructurales», concluyendo que «solo una fracción de los fondos recibidos hasta el momento ha llegado a sus destinatarios finales».
Este jueves, de nuevo, las ministras de Hacienda y Economía, María Jesús Montero y Nadia Calviño, daban cuenta del progreso de este programa al presentar el III Informe de Ejecución y facilitaban, una vez más, cifras sobre el dinero que se ha transferido y que se ha adjudicado. Pero no sobre cuánto ha llegado ya a sus destinatarios. Además, Montero ya era más clara sobre la nula intención del Gobierno de facilitar esta cifra.
Montero aboga por atender a cuánto se ha adjudicado
«El parámetro que se usa habitualmente es el de la obligación reconocida», aseguraba Montero al ser preguntada por el dato del los fondos que ya han llegado a la «economía real». «Las obligaciones reconocidas son ya el 75% del total de los créditos que se pusieron a disposición de los presupuestos. Y una obligación reconocida es que has adjudicado, que has resuelto, que el beneficiario de esa ayuda o medida sabe que es beneficiario de ella», trató de explicar la ministra.
«Ese dinero ya está en la economía, porque más allá de cuándo tú le das el billete, lo que le estás diciendo es que se puede ir a un banco, a mover la operación… porque no siempre el pago se hace cuando reconoces la obligación, sino cuando justificas la factura», ahondó Montero. «Ese es el parámetro que tenemos que mirar y el que incorpora CoFFEE», insistió, en contraposición a las ya citadas instituciones económicas.
CoFFEE-MRR es la Plataforma Común de Fondos Europeos, módulo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que el Gobierno ha puesto en marcha para monitorizar el despliegue de los fondos y revisar el cumplimiento de los hitos y objetivos y de la ejecución contable. El sistema cuenta con información tanto de los ministerios, como de las comunidades autónomas, los ayuntamientos y las universidades.
Así, y según este sistema integral de gestión, el 75% de los fondos están ya ejecutados, aunque puedan no estarlo en la práctica. Para el Gobierno, sobre todo es una buena noticia que en 2022 se aceleró la ejecución del dinero, y que a final de año ya había más de 23.300 millones que están financiando más de 190.000 proyectos diferentes. Según las mismas cifras, facilitadas por las ministras, en 2021 se autorizaron 22.128 millones, mientras que en 2022 se alcanzó los 25.143 millones de euros, lo que lleva a que ya se hayan autorizado el 90% de los fondos presupuestados entre los presupuestos generales de ambos ejercicios.
Además, también recalcaron que este enero se han autorizado más de 9.000 millones de euros, un 32% de lo presupuestado para todo el año. De su lado, las comunidades autónomas han recibido 20.600 millones en total, y 5.000 millones los ayuntamientos, pero ahí es donde falla la cadena de información, puesto que el Gobierno desconoce cuántos han llegado ya por parte de estas entidades a sus destinatarios.
A este respecto, la ministra Montero ha asegurado que el 100% de los fondos europeos va a llegar a la economía, y que si no se llega a tiempo en el año para el que cierta cantidad se había presupuestado, podrá ejecutarse en ejercicios siguientes, algo que ha compartido Calviño, en referencia a esas personas «que hablan de fondos perdidos», es decir, de que el dinero terminará quedándose por el camino como ha sucedido con otras ayudas.
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La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha destacado este viernes en Gijón que el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de descarbonización industrial, con una cuantía de 3.100 millones de euros, va a permitir que España lidere la revolución verde industrial en Europa, en la que Asturias tiene una "oportunidad única"
"Creo que Asturias está en las mejores condiciones por ese corazón industrial, por ese pasado y ese presente, para que también lidere esta revolución industrial del siglo XXI", ha insistido.
Durante su intervención en la presentación del PERTE, Maroto ha asegurado que es una apuesta transformadora para impulsar la descarbonización de los procesos de la industria española y, por ende, asturiana.
Ha apelado, además, a la nueva ley de Industria, que se tiene que aprobar este año, y que, a su juicio, va a modernizar el marco regulatorio, ya que el actual tiene 30 años. Este va a permitir la mejora de la competitividad, la reindustrialización, la seguridad y la calidad industrial y el refuerzo de la gobernanza.
Ligado a ello, ha señalado que se trabaja con las fuerzas políticas para ofrecer un marco eficaz y que agentes políticos, económicos y políticos logren un consenso a través de un Pacto de Estado para hacer frente a los retos de la industria.
Maroto, asimismo, ha resaltado que los Pertes son una oportunidad única para modernizar las empresas y que sean del siglo XXI, además de que reduzcan la dependencia a combustibles fósiles para una mayor autonomía industrial y energética.
Además, ha hecho hincapié en que hasta el momento se han autorizado por el Ministerio subvenciones por 1.866 millones de euros del Plan de Recuperación. Es por ello, ha recalcado que los fondos europeos están llegando a las empresas para modernizarlas.
Ha aludido, además, a la inversión de 1.000 millones de euros prevista en Arcelor, y pendiente de autorización europea, para la descarbonización de Gijón y Sestao. Sobre ello, ha destacado que esperan que "de forma inminente" se dé la autorización y que se pueda poner en marcha.
Este proyecto, a su juicio, es un ejemplo del PERTE, porque es ya "presente". Además, ha expresado sus felicitaciones por que se haya creado una alianza, que va a permitir el desarrollo mejor de este proyecto para que sea "exitoso".
Maroto ha animado a los presentes, sobre todo empresas asturianas, a participar "de forma activa" en el desarrollo de este PERTE, que es presente pero que va garantizar el futuro, según ella.
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