La Fiscalía ha pedido al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena que sume el delito de desórdenes públicos agravados al procesamiento de Carles Puigdemont, informan fuentes jurídicas. Tras la entrada en vigor de la reforma del Gobierno que deroga la sedición, Llarena procesó al expresidente catalán por desobediencia y malversación, pero la Fiscalía ha recurrido esta decisión y pide añadir el delito de desórdenes públicos agravados, que se castiga con entre tres y cinco años de prisión.

La Fiscalía trata de sortear así la despenalización del desafío secesionista por parte de los líderes del procés. Considera que las movilizaciones del independentismo para alterar el orden constitucional siguen siendo perseguibles, para lo que apunta al nuevo delito de desórdenes públicos agravados que introduce la reforma del Gobierno.

La Fiscalía recurre la decisión de Llarena y pide aplicar el delito de desórdenes al 'procés'
La Fiscalía recurre la decisión de Llarena y pide aplicar el delito de desórdenes al 'procés'© Proporcionado por El Confidencial

Los huidos del 'procés' abren fuego contra Llarena y dicen que la desobediencia ha prescrito

Beatriz Parera
Aseguran que la desobediencia que imputa a la exconsejera de Educación estaría prescrita porque han pasado más de cinco años desde que no cumplió las órdenes del Constitucional

Este nuevo delito castiga a los que "actuando en grupo y con el fin de atentar contra la paz pública, ejecuten actos de violencia o intimidación sobre las personas o las cosas, obstaculizando las vías públicas ocasionando un peligro para la vida o salud de las personas o invadiendo instalaciones o edificios alterando gravemente el funcionamiento efectivo de servicios esenciales en esos lugares". Su versión agravada se aplica cuando los hechos los protagoniza "una multitud cuyo número, organización y propósito sean idóneos para afectar gravemente el orden público".

A diferencia del delito de desobediencia al que apunta Llarena, que no conlleva penas de prisión, este se castiga con entre tres y cinco años de cárcel, además de inhabilitaciones que pueden alcanzar los entre seis y ocho años.


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