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Era 2011, en lo peor de la crisis, y los
bancos no estaban por la labor de conceder créditos a empresas
tecnológicas recién creadas. Por eso decenas de compañías se lanzaron a
pedir los 80 millones de euros que el entonces Ministerio de Ciencia
entregó a la Comunidad de Madrid, presidida por Esperanza Aguirre,
para que fomentara con préstamos a muy bajo interés la innovación en la
región. Aguirre, sin embargo, decidió no gestionar directamente esos
millones, sino entregárselos a una opaca asociación de empresarios
llamada Madrid Network, que decidió con cuánto y a quién se financiaba.
Siete años después, la mayoría de proyectos han resultado fallidos y una
de cada cuatro empresas beneficiarias están en liquidación, lo que hace
casi imposible recuperar, al menos, 14 millones de euros.
En
varios casos no solo están en concurso las compañías que recibieron los
préstamos, sino también sus fiadores. Otras empresas beneficiarias con
las que Madrid Network
mantiene litigios para recuperar el dinero que no devuelven están en
pre concurso de acreedores, la mayoría ya tienen embargos de varias
administraciones y al menos dos han sido definidas por sendos juzgados
como “en ignorado paradero”. Es decir, sus responsables están
desaparecidos. Madrid Network ha ganado varias sentencias y está
intentando embargar los bienes que encuentra, pero también ha sufrido
algún revés en los tribunales, según ha comprobado EL PAÍS a partir de
documentación interna y de varios fallos judiciales a los que ha tenido
acceso.
En total, de los 35 proyectos que
inicialmente consiguieron financiación en condiciones ventajosas, 24 han
resultado fallidos y no han devuelto el dinero cuando debían. Entre
ellos están las empresas de dos altos cargos del PP de Aguirre, que
obtuvieron 3,5 millones en las adjudicaciones que hizo Madrid Network, según adelantó EL PAÍS en 2015.
Uno de ellos, Ildefonso de Miguel, exgerente del Canal de Isabel II,
está actualmente imputado en el caso Lezo por corrupción. Safeview y
Saerco, las dos empresas vinculadas a él, han llegado a un acuerdo con
Madrid Network para ir devolviendo el préstamo poco a poco. Antes de
alcanzar ese pacto, Safeview había sido condenado en primera y segunda
instancia. Llegó hasta el Supremo en casación, donde ha perdido en enero
pasado. La empresa se ha declarado en preconcurso de acreedores. El
juicio con Saerco se suspendió justo antes de celebrarse y se llegó
también a un acuerdo.
La conexión con el caso Lezo
En
la gestión de 80 millones de dinero público en subvenciones a la
innovación que hizo la Comunidad de Madrid en época de Esperanza Aguirre
hay un nombre que se repite: Ildefonso de Miguel, gerente y mano
derecha de Ignacio González en el Canal de Isabel II e imputado con él
en el caso Lezo. Dos empresas relacionadas con De Miguel obtuvieron de
Madrid Network –en un proceso de selección sin publicidad-- más de tres
millones de euros en créditos ventajosos.
De
otra de las empresas beneficiadas, Sumenertec, es administrador
solidario el abogado de Ildefonso de Miguel, José Antonio Gómez
Hernández. Esta empresa recibió tres millones de euros para un proyecto
de I+D que no llegó a buen puerto. No ha cumplido el calendario de
devolución del dinero. Gómez Hernández pertenece al despacho de abogados
Azertia, señalado por presunto espionaje durante la instrucción de Lezo
por el exalcalde de Leganés, Jesús Gómez. Gómez declaró que Azertia
había encargado labores de espionaje sobre la expresidenta de Madrid
Cristina Cifuentes. Gómez Hernández asegura que el crédito está
respaldado por un inmueble. Madrid Network ha demandado tanto a la
compañía como a la fiadora por impago.
El
caso del otro alto cargo de Aguirre beneficiado por estos préstamos,
Manuel Lamela, que fue consejero de Sanidad, aún no se ha resuelto. Su
proyecto de sanidad privada, Madrid Medical Destination, sigue sin
devolver el medio millón de euros que recibió, según recoge una memoria
enviada por Madrid Network a la Comunidad de Madrid con fecha de 27 de
diciembre pasado. Lamela y otros socios crearon la Asociación Madrid
Centro Médico para gestionar ese proyecto, pero ahora el juzgado no la
encuentra. No le pudo ni notificar la demanda, por lo que acordó la
finalización del procedimiento. Lamela tiene una fundación (llamada
Lafer, un acrónimo de su nombre) y una consultora llamada BAPP que hizo trabajos para Madrid Network por valor de 350.000 euros.
Lamela no ha atendido a EL PAÍS. El año pasado un portavoz suyo aseguró
que el exconsejero ya no era presidente de la asociación, pese a que
seguía figurando en el Registro oficial como tal.
Las
nueve empresas que están oficialmente en liquidación son Agora
Proyectos y Sistemas, Tabarca Servicios de Salud, 28 Blackbio, Pross
Soluciones Informáticas, Isofoton HCPV, Centro de Desarrollo e
Innovación de Tecnologías de Seguridad (Cidites), Infoglobal, Flightech y
Pacific Civic Group. Además, un juzgado acaba de determinar que Inaltel
(antes llamada Urbotero) es “insolvente por inexistencia de bienes”
tras hacer una averiguación patrimonial. Inaltel está en “situación
procesal de rebeldía”, según un juzgado madrileño que la condenó en
2016.
En total, el dinero que recibieron estas
empresas ascendió a 14,3 millones de euros. Según varios expertos
consultados, la probabilidad de recuperar el dinero es escasa. Los
responsables están ilocalizables. Las páginas web están cerradas, los
teléfonos no corresponden a ningún usuario y los emails ya no están
operativos.
Con 14 empresas más hay litigios
para tratar de recuperar el dinero. Pero hay un caso llamativo, el de
Alba Technolife, que recibió 530.000 euros para un proyecto llamado
Mobyk. Madrid Network asegura en los escritos que remite a la Comunidad
de Madrid que ha podido recuperar casi todo, 491.507,37 euros, y que
sigue litigando. Por ahora, está perdiendo, según ha comprobado EL PAÍS,
tanto en primera instancia como en apelación. De hecho, la Audiencia
Provincial de Madrid ha condenado a la asociación de empresarios a pagar
las costas. Madrid Network ha ignorado los intentos de este diario para
que ofreciera su versión. El responsable de Alba Technolife no ha
podido ser localizado.
Tampoco con Pacific Civic Group,
empresa a la que se concedió un préstamo de 1,6 millones para celebrar
en España el festival YouFest, ha tenido suerte Madrid Network en su
intento de recuperar todo el préstamo. La empresa ya está liquidada y
Madrid Network ha demandado al fiador (por 2,5 millones de euros, entre
principal, intereses y costas), pero sin éxito, ya que ha perdido en
primera y segunda instancia y además ha sido condenado a pagar las
costas. El presidente de la empresa, Daniel Eisen, aseguró a EL PAÍS que
fue Madrid Network quien incumplió el contrato, lo que abocó al
concurso de la sociedad. Los socios, asegura, perdieron el capital
aportado “que era muy superior” al préstamo.
La
Comunidad de Madrid, por su parte, asegura que a ella solo le
corresponde “velar porque se cumpla el convenio” y “reclamar a Madrid
Network la cuota anual”. Una portavoz añade que “hasta ahora cumple con
el cuadro de amortización”. El funcionamiento del sistema es el
siguiente: el beneficiario devuelve el crédito a Madrid Network, ésta a
la Comunidad de Madrid y esta al Ministerio de Economía, ya que el
dinero originalmente procedía de los Presupuestos Generales del Estado.
Los créditos tenían una carencia de cinco años, por lo que se estarán
devolviendo hasta 2027 y la pérdida de los fondos aún tardará en
aparecer en los controles que ejercen la Comunidad de Madrid y el
Gobierno. Este año la cuota que debe llegar al Tesoro Público es de algo
más de nueve millones de euros, y de momento hay dinero de los
proyectos exitosos para satisfacerla.
Dentro
de unos años, la situación puede ser distinta. El Ministerio de Economía
no ha hecho auditoría de este préstamo e insiste en que es la comunidad
autónoma la que selecciona las empresas financiadas y hace el
seguimiento de las ayudas. Sería, por tanto Madrid, quien en un futuro
tendría que devolverle esos créditos con cargo a sus Presupuestos,
asegura una fuente de Economía. La Comunidad de Madrid, por su parte, ha
vuelto a subvencionar a Madrid Network, que no presenta cuentas ni es
auditada por la Administración, con 225.000 euros en los presupuestos de
2018. En época de Esperanza Aguirre llegó a obtener cuatro millones de
euros anuales de subvención directa.
investigacion@elpais.es
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