jueves, 17 de mayo de 2018

Llamamiento a la judicatura : por aqui va a haber problemas, entiendo que ustedes aplican las leyes pero aqui se trata de cerrar en limpio y seguir todos adelante cada uno por su lado. Puede pensarse que tengo síndrome de Estocolmo pero esto yo lo he visto antes y se lo que pasa. antes de cumplir yo 10 años, finales de los 70 principios de los 80, se habló de embargar los bienes a esta gente de ETA y alguien dijo que sabia que ellos iban a matar los que los embargaran. No encuentro esto en internet. Acuerdense de ETA y el IRA juntos y de ETA y Madrid. Por ejemplo ayer vi una noticia que me llevó a principios de los años 90, los jubilados venden sus propiedades y contratan una renta de jubilación vitalicia, esto fué tanto ayer como en el 91 más o menos y la crisis del 93 fué algo que recordar por siempre, asi que calculo que para el 2021 la fiesta será épica. Volviendo a lo que va a sufrir la sociedad en el Pais Vasco, dicten sentencias teniendo en cuenta el objetivo final a conseguir en la sociedad. Debieran ustedes pensar en cual es la situación ideal de convivencia que puede conseguirse al final de este proceso y dicten cada sentencia como una parte componente de la situación final planeada al principio del proceso.





Los mossos 'españolistas' piden a Rajoy que no les deje solos porque temen represalias

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"Estoy seguro de que nos van a volver a poner en la misma tesitura, porque van a intentar caminar de nuevo sobre la delgada línea de la ilegalidad, como han hecho hasta ahora", agrega el mosso. "Alquien que manifiesta que no va a cumplir con la legalidad cómo va a dirigir la Policía", se pregunta el portavoz del colectivo, quien insiste en destacar cuál es su cometido. "Yo soy policía y la policía cumple la ley", reitera.









La Guardia Civil se incauta de bienes de más de 50 etarras para indemnizar a las víctimas

Entre los investigados para la intervención de sus bienes se encuentran algunos históricos de la banda terrorista






MadridActualizado:



El Ministerio del Interior ha informado este jueves de que agentes de la Guardia Civil, en colaboración con el Servicio Común de Ejecutorias de la Audiencia Nacional, están desarrollando una operación para la intervención de numerosos bienes muebles e inmuebles propiedad de más de 50 personas condenadas por diferentes delitos de terrorismo relacionados con ETA por una deuda que superaría los ocho millones de euros.
Se trata tanto de autores de atentados terroristas como de acciones de violencia callejera de la conocida como 'kale borroka', según ha informado Interior, sobre quienes pende una deuda contraída con el Estado por el pago de la responsabilidad civil a la que habían sido condenados por sus acciones terroristas. Dicha deuda ascendería a más de ocho millones de euros.
Entre los investigados para la intervención de sus bienes se encuentran al menos diez miembros de ETA, entre ellos algunos históricos de la banda. El resto, más de 40, son responsables de acciones de violencia callejera, constitutivas también de acciones terroristas al formar parte de la estrategia diseñada por la banda criminal.
Las investigaciones, realizadas por la Guardia Civil durante el último año en el marco de la operación 'Zerga', permitieron comprobar cómo numerosos miembros de ETA y su entorno, a pesar de no haber satisfecho las deudas económicas contraídas, eran titulares de bienes o desarrollaban actividades laborales y económicas sin que realizaran acción alguna para satisfacer las referidas obligaciones.
Por ello, Interior ha explicado que se está procediendo al bloqueo y embargo de más de 45 cuentas bancarias de diferentes entidades financieras. Igualmente, se está actuando sobre una treintena de nóminas de aquellos investigados que han resultado estar asalariados. Para ello, se ha oficiado a las empresas para las que trabajan, a fin de que se les retenga la parte de la nómina que supere el salario mínimo interprofesional.
En cuanto a medios de transporte, la Guardia Civil está procediendo a retirar de la vía pública un total de cuatro vehículos, entre ellos el embargo de una autocaravana. Asimismo, la Guardia Civil ha identificado 14 propiedades inmobiliarias, la mayoría de ellas viviendas de las que los investigados serían propietarios, aunque también se ha actuado sobre locales comerciales y plazas de aparcamiento.
Por ello, el Servicio Común de Ejecutorias de la Audiencia Nacional ha emitido escritos dirigidos a los respectivos registros de la propiedad para que procedan a hacer el apunte correspondiente, lo que impedirá su venta o transmisión si no se procede previamente al pago de la deuda. Las propiedades inmobiliarias se encuentran en las provincias de Guipúzcoa, Vizcaya, Álava, así como en la Comunidad Foral de Navarra y en la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Según Interior, esta operación de la Guardia Civil pone de manifiesto que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tras el anuncio de ETA de su disolución, «seguirán trabajando para que los terroristas salden sus deudas con la Justicia, sean estas del tipo que sean, incluidas las económicas». Por ello, prometen investigar la localización y detención de todos aquellos terroristas que tengan causas pendientes.







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