Cifuentes no podrá cobrar el sueldo vitalicio para ex presidentes de 8.500 euros al mes que ella eliminó

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El Mundo

 

© EFE Fotografía de archivo, tomada el pasado 25 de abril de 2018, de la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes. / EFE

Cristina Cifuentes ya no es la presidenta de la Comunidad de Madrid, una responsabilidad por la que en 2016 ganó 109.238 euros según su última declaración de la renta, pero en principio tiene la intención de conservar el escaño en la Asamblea de Vallecas hasta las elecciones de 2019. Así, tras renunciar a su cargo principal la semana pasada, se dará la anómala circunstancia de que pasará de estar sentada en la bancada de sillones rojos reservada a los miembros del Gobierno a ser una diputada rasa del PP con dedicación exclusiva.
Tras su caída en desgracia por el 'caso Máster', la ex jefa de Gobierno regional podría haber vuelto a su puesto de funcionaria en el Cuerpo de Técnicos Superiores de la Universidad Complutense, aunque, al margen de otras consideraciones, probablemente tendría un sueldo inferior a los como mínimo 3.503 euros brutos al mes con dos pagas extra anuales de en torno a 6.000 euros (unos 54.000 euros al año) que cobrará hasta que se disuelva la Cámara. La opción que ya no tenía era la de recolocarse en el organismo en el que recalaron todos sus predecesores en la Puerta del Sol menos Esperanza Aguirre.
Y es que bajo el mandato de Cifuentes el Parlamento regional eliminó el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, donde encontraron acomodo Joaquín Leguina, Alberto Ruiz-Gallardón e Ignacio González después de salir de la Puerta del Sol. Lo cierto es que la iniciativa no se adoptó a instancias del PP, que ni siquiera lo llevaba en su programa electoral, sino que fue una de las imposiciones de Ciudadanos para firmar el pacto de investidura.
Sin embargo, la entonces presidenta autonómica, que ya se veía repitiendo como candidata en 2019 y por tanto muy lejos de necesitar esta salida profesional, se dio mucha prisa en cumplir este punto del acuerdo y en una de las primeras reuniones de su Gobierno, en septiembre de 2015, aprobó el proyecto de ley para su supresión. El texto fue refrendado a finales de aquel año en la Asamblea con la suma de votos de los dos partidos de centro-derecha, la abstención de Podemos y la oposición del PSOE.
Así, Cifuentes será la primera ex mandataria regional que no tendrá la opción de formar parte de la plantilla del extinto Consejo Consultivo con un sueldo de 8.500 euros brutos al mes, que era lo que cobraban Leguina, Gallardón y González -posteriormente imputado y encarcelado por el 'caso Lezo'- cuando cerró sus puertas. Además de una abultada nómina, tenían derecho a coche, chófer, una secretaria particular y un despacho en el número 6 de Gran Vía, donde estaba la sede.
El organismo público para la recolocación de los ex presidentes se creó en 2007 cuando al frente de la Comunidad de Madrid estaba Aguirre. Ella, paradójicamente, fue la única que al dejar la Real Casa de Correos en 2012 sin otro cargo público no optó a un puesto vitalicio para emitir dictámenes no vinculantes sobre asuntos de la Administración autonómica a cambio de una elevada remuneración cuando la entonces lideresa del PP regional ya había empezado a criticar las «mamandurrias», definidas por la RAE como «gangas permanentes».

Los privilegiados

Sí quiso disfrutar de este privilegio el socialista Leguina, a pesar de que era empleado público del Estado desde 1969 y de que en el momento de la clausura del Consejo Consultivo ya tenía edad para la jubilación. También hizo lo propio el 'popular' Gallardón, con plaza fija de fiscal desde 1982, cuando en 2014 dio por concluida su carrera política dando un portazo en el Ministerio de Justicia.
El último en sumarse a este selecto club había sido González, que, hasta la dimisión de Cifuentes y la consiguiente necesidad de buscar un sustituto, había sido el único presidente autonómico que ocupó ese cargo sin haberse sometido previamente al veredicto de las urnas. También funcionario de carrera, cuando Mariano Rajoy impidió que fuera el candidato en mayo de 2015 él prefirió cobrar la nómina entonces vitalicia de 8.500 euros del ahora extinto organismo que volver a su puesto de técnico superior del Ayuntamiento de Madrid.
Con la supresión efectiva del Consejo Consultivo, cuyas funciones fueron distribuidas entre otros departamentos, los tres veteranos políticos tuvieron que buscarse otras ocupaciones. La Comunidad de Madrid se ahorra desde entonces 2,3 millones de euros al año.
Para no dejar a los ex presidentes sin ninguna cobertura, Cifuentes se comprometió a elaborar un «estatuto específico» para que mantuvieran su «reconocimiento institucional y jurídico» y una remuneración por definir. La tramitación de este texto, como otros tantos en esta legislatura sin mayoría absoluta del PP, se ha quedado atascada en la Asamblea.
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